El bucle de las pensiones

  La influyente  y en ocasiones metomentodo OCDE, predice que España se convertirá en el segundo país más envejecido de la Tierra hacia el año 2050, con 3 pensionistas por cada 4 personas en edad de trabajar. Indica que "las pensiones son muy altas en comparación con las de otros países de la Organización, y que debería de retrasarse la edad de jubilación para mantener la viabilidad del sistema". Añade para justificar la reflexión en torno a la edad de dejar de laborar, que, "en el año 2050, habrá 76 pensionistas por cada 100 habitantes en edad de trabajar".

   A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París, no le falta razón al poner en tela de juicio el actual sistema español de pensiones; sin embargo, solo aconseja la medida facilona y drástica de aumentar la edad de jubilación; aunque también podría añadir la otra tan simple e igual de dramática de reducir su cuantía, algo sugerido por otras organizaciones en precedentes informes. Digamos que la Organización encargada de difundir los informes PISA va de la mano de otras organizaciones mundiales, europeas y patrias, que abogan por una única vía, cual es la de condenar, y de esa manera culpabilizar en exclusiva a los trabajadores del desajuste que ha de acabar con el actual sistema.

  Las preguntas que deberían de plantearse muy seriamente los políticos que nos representan, los que gobiernan y quienes ocupan la Oposición, son: ¿hay otras alternativas menos drásticas y no tan nocivas para la ciudanía? ¿Hay espacio para explorar vías menos dañinas y al mismo tiempo más fructíferas para España, al margen de las de cortar por lo sano? ¿Las hay de veras? Yo creo que sí. Otra cosa es que vayan a ser fáciles y baratas.

  Desde que España se convirtió en miembro de hecho de las Comunidades Europeas, hace casi 32 años, no ha hecho otra cosa que mantener e incluso afianzar su modelo productivo en torno a las directrices emanadas desde la vieja Europa. A cambio, y durante un montón de años, España se convirtió en país receptor de fondos que solo en parte ayudaron a vertebrarlo, acercándonos al nivel de vida de nuestros vecinos del Norte. Sin embargo, otra buena parte de esos dineros que deberían de haber cohesionado el territorio nacional, se despilfarraron en infraestructuras e incluso monumentos insostenibles en el largo plazo. Aquel capital como llovido del cielo, nunca se llegó a invertir en explorar nuevas actividades económicas que vinieran a diversificar e hiciera aumentar el valor añadido en el mercado laboral de entonces, más allá de los sectores con real capacidad de crear empleo, como la construcción, la agricultura/ganadería o comercio/hostelería, sectores expuestos al albur de un positivo ciclo económico, a la benignidad del tiempo atmosférico o a la temporalidad/precariedad de las personas contratadas.

  A punto de finiquitar el 2017, ninguno de nuestros políticos se ha planteado seriamente un cambio del modelo productivo (es el gran problema de España, confirmado a través de los años por la tasa de paro que casi siempre dobla a la europea), como mucho lo ha sugerido, sin poner sobre la mesa acciones concretas que profundicen en la generalización de otras actividades económicas, y así minimizar los embates de una nueva crisis que se lleve por delante el monocultivo de la hostelería. Hay varios factores de índole económica que la dificultan, entre ellas el cumplimiento a rajatabla del déficit público con Europa. Pero, si no hacemos nada al respecto, si no se aborda de una vez por todas un cambio radical al respecto, España y sus pensiones están abocadas al fracaso, al empobrecimiento paulatino de sus jubilados. Mejor prevenir, porque el remedio, estoy convencido, va a resultar mucho peor que la enfermedad.

  Medidas tan controvertidas como la Reforma Laboral de 2012, que nos vendieron como la panacea perfecta para crear empleo constante a partir de un crecimiento del 1,5 %, que iba a servir para afianzar la contratación indefinida, además de favorecer el empleo de los más jóvenes, se ha mostrado errática e insolidaria, permitiendo ahí donde no imperaba el Convenio Colectivo Sectorial, la bajada de salarios, el fraccionamiento de trabajos, cuando no el laboreo de horas sin cotizar. Todo ello ha propiciado una bajada sustancial en las cotizaciones a la Seguridad Social y el empobrecimiento generalizado del País, de ahí su competitividad a la hora de exportar. En resumidas cuentas, la drástica reforma de 2012 perjudica notoriamente las opciones de emanciparse y de crear una familia.

  Para terminar quiero decir que todo cambio radical requiere dinero. Cientos de miles de españoles han tenido que endeudarse cuando se plantearon abrir un comercio, una industria u otro negocio. Si nadie hubiera estado dispuesto a endeudarse, muchos empresarios y autónomos no existirían, solo los ricos de nacimiento o por herencia. España, estoy completamente convencido, tiene parcelas por explorar con un valor añadido que no ofrecen otras actividades. Ahí están las renovables, la investigación en el campo de la biomédica, en el sector de las nuevas tecnologías y la robótica, e incluso volver sobre industrias ya abandonadas. De todos modos, son los expertos quienes deberían de tener la última palabra a la hora de apostar en serio por un cambio radical de nuestro modelo productivo. No hacerlo supondrá en el largo plazo la disolución del sistema actual de pensiones.