Los líderes de los principales partidos políticos andan estos días -si obviamos el eterno asunto catalán- empeñados en convencernos de las bondades de sus respectivos programas económicos, los cuales harán que los ciudadanos españoles evolucionen favorablemente durante los próximos cuatro años, hasta el punto de vivir mucho mejor que lo hacen ahora, algo muy loable y necesario si no fuera porque los representantes de la ciudadanía mienten como bellacos con el único propósito de captar el mayor número de votos posible.
Por si alguien lo desconoce o no lo recuerda, quiero puntualizar una vez más que los países integrados en la moneda única del Euro han cedido buena parte de su soberanía económica en favor de la UE. Eso significa que Bruselas, no solo tiene la última palabra a la hora de aceptar o no las cuentas que cada estado miembro envía para analizar, sino que trata de orientar la dirección económica de una buena parte de ellos. La máxima de la UE -se ha visto a lo largo de estos últimos años de crisis aguda- es la estabilidad presupuestaria (control férreo del déficit público de cada nación con el firme propósito, entre otros, de la supervivencia de la moneda). Sin ir más lejos, en los meses finales de mandato del Sr. Zapatero, el presidente y el entonces líder de la oposición, el Sr. Rajoy -aún regía el bipartidismo-, a indicaciones de la UE y en apenas horas, se pusieron de acuerdo para modificar nuestra constitución en 2011, con el fin de modificar el artículo 135 que daba prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto del Estado. Fruto de esa máxima es la Ley Montoro, que obliga a los ayuntamientos a destinar posibles superávits anuales a pagar únicamente la deuda que hubieran generado a lo largo de ejercicios anteriores.
Con la premisa del rigor presupuestario y de la política monetaria por bandera, nuestros aspirantes a ocupar el Palacio de la Moncloa saben perfectamente que el margen de maniobra es muy estrecho. Así, el Sr. Sánchez, ha vuelto su mirada al antiguo devocionario socialdemócrata, que mantiene en la cúspide de la pirámide el bienestar social de los ciudadanos. Su mantenimiento supone un coste importante (solo la subida de las pensiones acorde al IPC supone un puñado de miles de millones que el modelo productivo nacional es incapaz de generar, de ahí el déficit permanente de la Seguridad Social). El presidente en funciones ha expuesto las medidas maestras para financiar el bienestar social y que se traduce en impuestos adicionales que, como era de esperar, a ojos de Bruselas no compensarían en ningún modo el incremento de gasto. Ojo: a los tecnócratas europeos les importa bien poco si España sube o baja los impuestos, lo que realmente les preocupa, repito, es que el presupuesto no esté ajustado. Desde mi punto de vista, la única solución viable sería que de verdad se atajase de una vez por todas la evasión fiscal, que según expertos de la Agencia Tributaria estimaban en 2013 cercana a los 80.000 millones anuales, claro que para combatirla necesitarían muchos más medios, además de un número mucho mayor de inspectores de hacienda, y lo que es fundamental, que todas las fuerzas políticas firmasen un acuerdo para que de una vez por todas quienes más tienen más tributen, persiguiendo sin desmayo cualquier atajo, como las SICAVs, sociedades interpuestas, amnistías fiscales, o destarrando de una vez por todas las acomodaticias puertas giratorias.
