El dilema

  ¡No tienen un pase! Desde un ámbito estrictamente político, las grabaciones desclasificadas (Cortesía de la Cadena Ser), que comprometen la honestidad del presidente de Murcia, sr. Sánchez, no tienen un pase. Es posible -lo ignoro-, que judicialmente no lleguen a tener mayor recorrido.  

  En la conversación del 21-10-2014, mantenida entre don Alejandro de Pedro, conseguidor de la Púnica, y su socio, don José Antonio Alonso Conesa, se desvelaba el acuerdo para lavar la imagen del entonces Consejero de Cultura del gobierno murciano en las redes sociales, todo a cambio de 3.000 €/mes pagados, presuntamente, con fondos públicos. El acuerdo no se llevó a efecto porque 6 días después, el 27-10-2014, se ponía en marcha la Operación Púnica -es más que probable que algún otro dirigente murciano se vea salpicado en los próximos meses por episodios similares-. En este, como en otros muchos casos de utilización de las instituciones en beneficio propio, o de comportamientos poco ejemplares, vuelven a confundirse las responsabilidades política y judicial, cuando la primera jamás debería de estar supeditada a una resolución en firme de la segunda. Los exministros, sres. Fernández Díaz, Mato o Soria; la exalcaldesa recientemente fallecida, sra. Barberá o los exdiputados sres. Martínez Pujalte y De la Serna -estos últimos dejaron de integrar las listas electorales del PP-, asumieron o les hicieron asumir un coste político (en el caso del sr. Fernández Díaz, a medias), que acaso nunca lleguen a pagar judicialmente, al menos es seguro no lo hará la dirigente fallecida.

  El sr. Sánchez está investigado (el equivalente a la figura anterior de imputado) por las escuchas, pero también por el caso auditorio de Puerto Lumbreras, desde comienzos del mes pasado. C's, que le sostiene en el poder al no contar con la mayoría absoluta, le dio un ultimátum al PP para que antes del día de ayer buscara a otro presidente, bajo la amenaza de una Moción de Censura, a fin de hacerse cumplir el acuerdo de gobernabilidad en su apartado de corrupción. El PP ha incumplido el acuerdo, manteniendo al sr. Sánchez al frente del gobierno, mientras no haya una resolución judicial que lo condene. Los otros dos partidos, PSOE y Podemos, ya han llegado a un acuerdo para la Moción de Censura, pero necesitan el apoyo de C's, que también contempla la M.C., aunque no para cambiar el color del ejecutivo, sino para ir a nuevas elecciones, algo difícil de entender en el momento presente, más aún si el PP optase por unas nuevas elecciones y volviera a poner como cabeza de cartel al propio sr. Sánchez.

  Si algo ha caracterizado o caracteriza al partido del sr. Rivera, es su lucha sin cuartel contra la corrupción y su afán de regenerar la vida política. Pero choca con un problema casi insoluble que le puede llevar a contradicciones de peso, y de rebote a un desgaste tremendo; con eso está jugando el PP (como antes lo hizo con el PSOE a cuenta de la investidura del sr. Rajoy). Los populares murcianos, como los de Génova 13, saben que C's jamás va a pactar con el partido del sr. Iglesias -probablemente, de no estar representado Podemos en Murcia y sí otra fuerza, por ejemplo un grupo regionalista, el PP ya hubiera elegido un sucesor, pues C's se sentiría libre para apoyar una M.C. que facilitara un cambio de gobierno-. La estrategia de los populares es la "eliminación" de su enemigo natural, propiciando sus contradicciones y actuaciones erráticas; y si puede ser, aprovecahando donde más les duele, o sea, en el asunto de la corrupción, para que se les vuelva en su contra, como si de un boomerang se tratara. 

  El dilema está ahí, y tomen una decisión u otra, el desgaste va a ser tremendo. C's ha sido suficientemente tolerante con el PP, dándole de plazo hasta ayer para que cambiase de presidente. Los populares han hecho oídos sordos, incumpliendo el pacto de gobernabilidad, a pesar de la palabra dada por el propio sr. Sánchez. Por otro lado, podría sondear la posibilidad de unirse a PSOE y Podemos para un cambio de gobierno, pero un acuerdo con las huestes moradas podría acarrearle una sustancial pérdida de votos. Con esta disyuntiva, ¿es mejor "salvar" al Partido y permitir que el PP siga gobernando, a costa de una pérdida de credibilidad con respecto a su lucha por la regeneración? ¿Es preferible unirse a los dos partidos alternativos para facilitar un gobierno distinto, sin integrarlo? ¿Alguien tiene la solución?

Las reglas del juego

  Desde la semana pasada nuestro presidente muestra el gesto contrariado, además de un inusual enfado, algo impropio en hombre tan templado. Y es que casi la totalidad de la Oposición votaba a favor de derogar el Real Decreto Ley que ponía fin al monopolio de las SAGEP (Sociedades Anónimas de gestión de estibadores portuarios). Con la asiduidad de la que antes no hacía gala, en tiempos de su mayoría absoluta, trata, a través de los medios de comunicación y en el propio Congreso de los Diputados, de inculcar en el resto de fuerzas, el valor de la responsabilidad, como también evitar a España más ridículos ante Europa. Y amenaza, de forma velada, con convocar nuevas elecciones si no se garantiza la estabilidad de su gobierno. Así que apela al cumplimiento de las reglas del juego, como si únicamente fuera responsabilidad del resto de fuerzas, porque el PP (el nacional, el que gobierna desde la Moncloa y los distintios ministerios, quede claro) asume y entiende que ya las cumple.

  Conviene recordarle al sr. Rajoy, que, un no tan lejano 12 de mayo de 2010, cuando el sr. Rodríguez Zapatero "empezaba a cavar su tumba" anunciando en sede parlamentaria medidas que presagiaban los más duros recortes de la historia hasta ese momento, pues así lo ordenaba la UE para poner fin al déficit galopante producto de la crisis, su partido votaba en contra, a pesar de que, de no haber salido adelante el paquete de medidas -se aprobó con la única ayuda del entonces grupo catalán CIU-, nuestro país estaba abocado a la intervención, o cuando menos a unas nuevas elecciones; y el entonces Jefe de la Oposición lo sabía, pero prefirió no colaborar, siendo la situación más delicada, incomparable a la actual. Pero tampoco debe ignorar nuestro presidente a este respecto -a pesar del disgusto con su socio preferente-, que C's le pidió más tiempo para estudiar con detenimiento el contenido de la resolución; al fin y a la postre, las huestes del sr. Rivera llevaban en su programa la liberalización del sector. En mi opinión, el sr. Rajoy no puede apelar ahora al pacto de investidura, entre otros motivos porque el asunto de la Estiba no se contemplaba. No obstante, tiene bemoles que nuestro máximo representante no caiga en la cuenta de que ya no cuenta con la mayoría absoluta, y que eso le obliga, quiera o no, a dialogar, de verdad, para llegar a acuerdos; lo que la Oposición no va a hacer es sentarse para verse las caras y luego decir amén a todo.

  Sin embargo, donde menos pone en práctica las reglas del juego, es en el anteriormente mencinado pacto de investidura -que no de gobierno-. El sr. Rajoy da largas al catalán en asuntos de tanta enjundia, como la Comisión de Investigación de la financiación del PP, la de dos únicos mandatos para un presidente de gobierno, o la dimisión de cargos públicos cuando estén imputados (véase el caso de Murcia). Al respecto -no debe haber la mínima duda de que al PP le interesa la laminación de C's al estar compitiendo en un espacio electoral común-, alguno de sus dirigentes más relevante hablaba del pacto de las lentejas -rebajando la trascendencia del acuerdo- para que don Mariano Rajoy pudiera ser de nuevo presidente.

  Conviene tener en cuenta que el monopolio de la Estiba se remonta a la época de Franco. No obstante, para el recuerdo queda la ley 48/2003 del gobierno del sr. Aznar, aprobaba un 26 de noviembre de 2003, ley para el régimen económico y de prestaciones de servicios de los puestos de interés general, por la cual, la Estiba, hasta entonces estatal, "pasa a convertirse en un tipo de servicio portuario básico, concebido como actividad comercial de interés general cuya iniciativa corresponde a los particulares". Desde ese momento, "las sociedades de Estiba pasan a ser sociedades de empresas portuarias"; por tanto, "dejan de ser monopolio público para convertirse en monopolio sindical", o sea: "se cataloga como un servicio profesional privado, empezando así las denuncias sobre la ilegalidad que supone restringir la competencia en este ámbito privado". En 2011 la UE advierte de la incompatibilidad de las SAGEP con el mercado libre imperante en Europa. El PSOE no está en condiciones de atender las demandas comunitarias con la que está cayendo, y a punto de ser desalojado del poder. Con su mayoría absoluta, el PP está en disposición de abordar el problema, pero sabe que los estibadores, como los controladores aéreos, tienen un poder enorme para poner patas arriba España. El PP no quiere saber nada de una paralización de mercancías en los puertos españoles y menos tras sus drásticas e impopulares medidas de recortes. En sentencia firme de diciembre de 2014, la UE obliga a liberalizar el sector o a apechugar con una multa diaria de 134.107,2 €. El gobierno del sr. Rajoy pudo acometer en solitario la reforma del sector gracias a su mayoría absoluta, pero no solo renunció, sino que en fecha de 2 de abril de 2012, el Ministerio de Fomento defendía el modelo de las SAGEP.

  Los sindicatos y la patronal del sector, estaban intentando llegar a acuerdos hace mucho tiempo, tal vez demasiado, pero eso no es excusa para que el Gobierno, unilateralmente -como hizo en su momento con la Reforma Laboral de 2012-, diera por concluidas las negociaciones, pues tuvieron 4 años de mayoría absoluta para culminar una reforma que agradara a nuestros socios comunitarios. Lo que sucede es que a partir del próximo día 24 se pueden ir sumando los más de cien mil € de multa diaria, y el sr. Rajoy no quiere más tirones de oreja por parte de Europa, al tiempo que desea que el resto de fuerzas políticas se retrate. Lo que se le olvida al sr. Rajoy, es que para llegar a consensos, cuando su partido está representando a solo un tercio de los votantes de junio pasado, hay que dialogar mucho, armarse de paciencia y manejar la flexibilidad, algo de lo cual dudo, teniendo en cuenta el resbalón de su ministro de fomento, el sr. De La Serna, que a lo que se ve no traía los deberes hechos. Pase lo que pase se terminará llegando a un acuerdo, un acuerdo, me temo, que va a suponer a las arcas públicas un buen pellizco, por no hacerse las cosas con sensatez (esa de la cual hace gala el sr. Rajoy) y a su debido tiempo.