lunes, 25 de febrero de 2019

Argumosa 11, o los desmanes del ultraliberalismo económico

  El axioma liberal dice que la mejor regulación es la que no existe, un execrable error que propició en buena medida la crisis financiera, dando lugar a la mayor recesión económica desde el Crack del 29. Otra de las máximas de su pensamiento es que el Estado debe de interferir lo menos posible, pasando a ser un actor secundario en el libre mercado, y a ser posible, pequeño. Es sorprendente que algún partido de la derecha abogue por su adelgazamiento vía reducción de impuestos, cuando si de algo padece nuestra querida España es de la carencia de médicos, enfermeras, docentes, policías, funcionarios de prisiones, jueces, inspectores de hacienda, etc, etc, etc.


  No hace muchos días, en las calles de Madrid se regalaban naranjas, ya que en origen al agricultor le pagan, en el mejor de los casos, la friolera de 18 Cts el kilo. Asistiremos atónitos a la campaña de la fresa, y las que vengan más adelante, por no hablar del precio del litro de leche que se le paga al ganadero. Y es que algo tan fundamental para el sustento diario está infravalorado, incluso se ignora a quien intenta vivir de ello; por cierto, como ha ido ocurriendo con otras profesiones y oficios que en su momento eran muy respetables.



  El pasado fin de semana asistíamos a un nuevo desahucio en el Bulevard de Lavapiés, a pesar del mandato de la ONU que reclamaba su paralización hasta que a los inquilinos afectados se les asegurara una alternativa a sus viviendas desalojadas. La propiedad tiene su parte de razón y la ley la ampara; sin embargo, a los afectados también les asiste un derecho cual es el de permanencia y al pago razonable de un alquiler en consonancia con el IPC.



 El problema surge hace dos años. Hasta entonces el barrio no era muy atractivo para poner negocios. Desde aquel momento se ha puesto de moda, y las viviendas que "no valían gran cosa", se han revalorizado con la llegada de comercios y huéspedes de posibles. Así que, como ocurre en otros muchos sitios de la Península y de las Islas, al albur del boom turístico incontrolado, los especuladores -fondos buitre, lobbies inmobiliarios, particulares con herencias jugosas del ladrillo y hasta algunas entidades financieras-, no quieren desaprovechar la enésima oportunidad de hacer el agosto a costa de exprimir la vaca lechera de la construcción. Mientras, la izquierda más moderada, esa que al menos en sus principios fundacionales ponía en la cúspide al ciudadano, incluso por encima del dinero, no quiere o no puede entrar a saco para regular de una puñetera vez todo este entramado de la vivienda que es una golosina para los que viven de la usura. Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, ahora más enfocada al alquiler, y nadie es capaz de poner un poco de orden donde todo es un disparate, a mayor gloria de un desarrollo a todas luces insostenible y que traerá, me temo, consecuencias funestas para nuestra economía sin valor añadido.


  Antes mencioné el tema de los productos agrícolas para tratar de hacer una comparativa, y es que es injusto que a un agricultor se le pague una miseria por un kilo de naranjas o un litro de leche, mientras un propietario, persona física o fondo buitre, puede reclamar de un golpe la subida del alquiler un 200 ó 300 %. Creo que la virtud está en un punto intermedio, pero para recuperar la sensatez hace falta intervenir, si no se hace, esto se puede ir de las manos. La izquierda democrática tiene el deber y la obligación de velar por el bien de todos los ciudadanos, no de algunos. Si no lo hace, y probablemente no lo hará, vuelve a dar la razón a los más ultraliberales de la economía, quienes no hacen ascos a la desregulación del sistema, con lo cual y sin darse cuenta, vuelve a especular con su supervivencia política. 

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