¿Debe el Gobierno de España hacer oídos sordos a las recomendaciones del Tribunal Supremo y aplicar el indulto a los condenados por el Procés de octubre de 2017, o por el contrario debería renunciar a ellos y dejar, po el momento, que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo quien resuelva antes sobre el asunto?
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